Bolivia debe sincerar sus tarifas eléctricas PARA EVITAR UN IMPACTO MAYOR DE LA CRISIS DEL GAS - Energía Bolivia 03-06-26

EDICIÓN 154 | 2026

Vesna Marinkovic U.

LEn medio del debate sobre el futuro energético del país, después de que el gobierno presentara el nuevo proyecto de ley de electricidad, el pasado 7 de mayo, expertos del sector eléctrico subrayaron la importancia de incorporar en esta normativa nuevos mecanismos para incrementar inversiones y modernizar el modelo energético boliviano, ante una creciente demanda y el desafío de garantizar el abastecimiento sostenible a largo plazo.”

Durante el coloquio de la revista ENERGÍABolivia, un espacio de análisis especializado; representantes del ámbito energético coincidieron en que el sistema eléctrico nacional enfrenta un escenario que requiere ajustes estructurales, particularmente en un contexto marcado por el crecimiento del consumo y la urgencia de diversificar las fuentes de generación eléctrica para reducir la dependencia del gas y diésel.

QUIEBRE IMPORTANTE

Boliviana de Electricidad y vicepresidente de la Comisión de Energía y Medioambiente de la ICC Bolivia, sostuvo que el nuevo proyecto de ley de electricidad mencionado, “marca un quiebre importante respecto del esquema estatista vigente desde 1994, principalmente al introducir temas como la diversificación energética, apertura a subastas competitivas, generación distribuida, almacenamiento energético y comercializadores privados e inclusive, el intento de crear una entidad reguladora de electricidad con mayor autonomía técnica”.

Sin embargo, consideró también que la pregunta de fondo es quién pagará esa diversificación energética, asegurando que la respuesta no es sencilla porque hay un sentido político, social y fiscal inmerso en este tipo de definiciones, recomendando precaución en la reglamentación y agregando que si se toman ciertos recaudos, dicha ley podría tener frutos en el corto y mediano plazo. .

“Bolivia enfrenta un momento decisivo que exige medidas urgentes, coordinación institucional y una visión estratégica capaz de equilibrar sostenibilidad, seguridad energética y competitividad económica…”

LEY CORTA

Sergio Arnéz, analista energético, remarcó que “toda esta crisis que estamos viviendo la de hidrocarburos, la económica, y la potencial crisis eléctrica que se viene dentro de dos años, es producto y herencia del régimen del MAS.”Arnéz puso énfasis en la necesidad de generar condiciones que otorguen seguridad jurídica y reglas claras para incentivar inversiones de largo plazo, especialmente en proyectos vinculados a nuevas fuentes de generación eléctrica. También alertó sobre un escenario de presión creciente sobre el sistema energético nacional, marcado por la disminución de recursos provenientes del sector hidrocarburífero y la necesidad de redefinir las estrategias de abastecimiento.

En ese contexto, remarcó que Bolivia atraviesa un momento de “convulsión” en materia energética, debido a que el modelo actual ya no dispone de los mismos márgenes de maniobra financiera que años atrás. Explicó que la reducción de ingresos derivados de los hidrocarburos limita la capacidad del Estado para subvencionar proyectos y sostener inversiones de gran escala.

Frente a este panorama, insistió en la urgencia de avanzar hacia una nueva política energética que permita encarar los desafíos estructurales del sector. Entre las prioridades que identificó, figura la necesidad de ampliar la capacidad de generación eléctrica renovable y optimizar el uso de energías renovables destinadas a la producción de energía.

Destacó la importancia de impulsar proyectos de energías renovables, no solo para reducir la dependencia de fuentes tradicionales, sino también para mejorar la eficiencia del sistema y disminuir el consumo de gas destinado a la generación eléctrica.

Reconoció la necesidad de actualizar el marco normativo vigente dirigido a facilitar inversiones y acelerar procesos administrativos aunque señaló que la implementación de nuevos proyectos normativos; como el recientemente presentado por el gobierno, requiere plazos prolongados, por lo que advirtió que las decisiones deben asumirse con anticipación para evitar posibles déficits de abastecimiento en los próximos años.

“Las nuevas inversiones toman tiempo; hay procesos regulatorios, licitaciones y etapas de implementación de leyes que no se resuelven de forma inmediata”, señaló Arnéz durante el análisis, al remarcar la importancia de planificar medidas de corto plazo mediante una Ley Corta para viabilizar proyectos de generación renovable rápidamente.

En este marco, ambos especialistas coincidieron en que Bolivia necesita una política energética de largo plazo, basada en criterios técnicos, incentivos a la inversión y una transición ordenada hacia fuentes renovables, con el objetivo de garantizar sostenibilidad, seguridad de abastecimiento y competitividad.

SINCERAMIENTO DE TARIFAS

Gastón Acebey mostró preocupación por el impacto de la crisis del gas natural sobre el sistema termoeléctrico. Considera que la reducción en la disponibilidad de este recurso podría afectar la capacidad de abastecimiento energético si no se aplican medidas preventivas orientadas a diversificar las fuentes de generación y optimizar el uso de combustibles.

También hizo referencia al peso de las decisiones políticas en la administración del sector. Señaló que la designación de autoridades sin experiencia técnica puede limitar la capacidad de respuesta frente a desafíos estructurales, por lo que sugirió fortalecer perfiles técnicos en la conducción institucional.

En el plano económico, Acebey alertó sobre las distorsiones generadas por subsidios prolongados y precios artificialmente bajos, particularmente en combustibles y energía. Explicó que si bien estas políticas permitieron contener conflictividad social y tarifas para los consumidores, en determinado periodo, también redujeron incentivos para nuevas inversiones y limitaron la sostenibilidad financiera del sistema.

“El gas natural ya no puede sostenerse como combustible barato permanente. En su lugar, debe ser tratado como un recurso estratégico de transición, mientras se avanza hacia una matriz más diversificada y sostenible”, dijo durante su análisis, al advertir que postergar decisiones estratégicas como el sinceramiento de tarifas en el sector eléctrico, podría derivar en mayores costos a futuro.

“Si no se toman medidas inmediatas, el impacto será considerablemente mayor“, subrayó al reiterar que actualmente las tarifas del sector eléctrico son “artificialmente bajas” debido a que el gas para generación es 1,30 dólares por millar de pie cúbico y el precio internacional está por los 6,50.

“Si nos quedamos sin gas, como está previsto el 2028 o 2029, vamos a tener que importar mínimamente a ese precio si no a un precio mayor y lo que no hemos ajustado hoy y podía haber sido gradual, va a venir de golpe y eso realmente sería catastrófico”, dijo Acebey.

En ese punto ambos coincidieron en la necesidad de agilizar la normativa del sector mediante una ley corta que permita los mecanismos, por ejemplo, de subastas públicas para que, en el mediano plazo, se pueda incorporar energía renovable al Sistema Interconectado Nacional (SIN), con unas tarifas que puedan ser competitivas para que el impacto, que deberá ser cubierto por el consumidor final, sea menor.

Insistió en que Bolivia requiere una discusión técnica y política sobre su modelo energético, orientada a garantizar seguridad de abastecimiento, sostenibilidad económica y una transición ordenada hacia nuevas fuentes de generación.

Bolivia se encuentra entre los países con tarifas más bajas de América Latina, gracias al subsidio implícito del gas natural. Señalaron, sin embargo, que esa situación redujo la capacidad de inversión, distorsionó las señales económicas del sector y limitó el desarrollo de nueva infraestructura energética.

De acuerdo con el análisis expuesto, la política tarifaria vigente responde en parte a decisiones de carácter político y social, orientadas a evitar incrementos que puedan afectar a la población. No obstante, los expertos alertaron que esta lógica puede derivar en un deterioro progresivo del sistema si no se acompaña de medidas que aseguren financiamiento para expansión y moder nización.

En ese sentido, explicaron que los costos de producción eléctrica han registrado incrementos importantes en los últimos años, particularmente en insumos y equipamiento importado. A ello se suma el rezago en algunos componentes de la cadena energética, donde los precios no reflejan necesariamente los costos reales de operación y mantenimiento.

Remarcaron que una eventual revisión tarifaria no debería entenderse únicamente como un ajuste de precios, sino como parte de una estrategia más amplia para garantizar la sostenibilidad del servicio. Según señalaron, cualquier modificación tendría que aplicarse de forma gradual, acompañada de mecanismos de protección focalizada para los sectores más vulnerables y con criterios de transparencia y sostenibilidad fiscal.

Asimismo, sostuvieron que la discusión sobre tarifas debe ir de la mano de un marco regulatorio que otorgue previsibilidad a las inversiones. “Ningún inversionista destina capitales importantes si no existen señales claras sobre recuperación de costos y estabilidad normativa”, indicaron al recordar que los proyectos energéticos demandan inversiones millonarias y horizontes de recuperación de largo plazo.

Advirtieron que Bolivia enfrenta el reto de encontrar un equilibrio entre mantener precios accesibles para la población y asegurar las condiciones necesarias para atraer capital, ampliar la capacidad instalada y sostener la calidad del servicio eléctrico en el futuro. Reiteraron que uno de los desafíos centrales del sector eléctrico boliviano es acelerar la incorporación de energías renovables, un proceso que consideran clave para diversificar la matriz energética y enfrentar la disminución progresiva de recursos provenientes de los hidrocarburos.

Según explicaron, Bolivia aún dispone de condiciones favorables para impulsar este tipo de proyectos, aunque advirtieron que las decisiones deben tomarse con mayor rapidez debido a que los procesos de planificación, licenciamiento e implementación requieren varios años antes de reflejarse en resultados concretos.

En ese marco, sostuvieron que el país necesita una política energética de largo plazo, basada en criterios técnicos y en una visión integral del sistema eléctrico. Para ello, señalaron que resulta indispensable fomentar mayores inversiones y crear incentivos que permitan ampliar la generación con fuentes renovables, especialmente en regiones con alto potencial energético.

Los expertos también remarcaron que la demora en la toma de decisiones podría traducirse en mayores dificultades para sostener el abastecimiento energético en los próximos años. Asimismo, destacaron que el desarrollo del sector energético no solo implica garantizar electricidad para el mercado interno, sino también abrir oportunidades económicas vinculadas a la industrialización y eventualmente a la exportación de excedentes energéticos, siempre que exista una planificación adecuada..

Finalmente, coincidieron en que el debate sobre el futuro energético del país ya no puede seguir postergándose. A su juicio, Bolivia enfrenta un momento decisivo que exige medidas urgentes, coordinación institucional y una visión estratégica capaz de equilibrar sostenibilidad, seguridad energética y competitividad económica.