ENERGÍAS RENOVABLES Y VERDES demandan inversiones tan intensivas como los hidrocarburos, advierten especialistas - Energía Bolivia 05-08-26
Vesna Marinkovic U.
Bolivia enfrenta el desafío de transformar su matriz energética en un contexto de creciente escasez de gas natural y limitaciones fiscales para financiar nuevas inversiones. En ese escenario, especialistas del sector coincidieron en que el desarrollo de las energías renovables y energías verdes requerirá niveles de inversión similares a los históricamente demandados por la industria de los hidrocarburos, por lo que consideran indispensable construir un marco normativo que genere confianza al capital privado.
Durante un coloquio mensual organizado por ENERGÍABolivia, el presidente de la Asociación de Ingenieros de Energía (AEE) Capítulo Bolivia, Óscar Siles, sostuvo que el anteproyecto de la nueva Ley de Electricidad y Energías Renovables representa un avance respecto a la legislación vigente, aunque considera que aún debe fortalecerse para ofrecer mayor seguridad jurídica y estabilidad regulatoria a la inversión privada nacional y extranjera.
El especialista recordó que el proyecto fue presentado por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías y actualmente se encuentra en proceso de revisión y socialización en distintas instancias, entre ellas el Consejo Nacional de Política Económica (CONAPE), ENDE Corporación y otras instancias.
MAYOR CERTIDUMBRE PARA ATRAER INVERSIONES
Tras analizar el contenido del anteproyecto, Siles destacó que incorpora aspectos modernos como las energías renovables, los sistemas de almacenamiento de energía y una mayor flexibilidad tecnológica para el sistema eléctrico nacional. Sin embargo, considera que mantiene la estructura central de la Ley 1604 y todavía requiere ajustes que permitan generar mayor confianza entre los inversionistas.
A su juicio, el principal desafío consiste en construir un marco regulatorio estable, con reglas claras y previsibles que reduzcan la incertidumbre sobre las inversiones de largo plazo.
“Las decisiones políticas definen los modelos económicos”, afirmó, al señalar que durante las últimas dos décadas la normativa eléctrica fue adaptándose a un esquema que restringió significativamente la participación del capital privado.
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA TAMBIÉN REQUIERE GRANDES CAPITALES
Uno de los principales mensajes del coloquio fue que la transición hacia una matriz energética más limpia no implica menores costos de inversión.
“Invertir en energías renovables y verdes no significa realizar inversiones pequeñas. Al contrario, se trata de proyectos intensivos en capital, exactamente igual que ocurre en el sector de hidrocarburos”, afirmó Siles.
En ese contexto, advirtió que el Estado boliviano difícilmente podrá financiar por sí solo la infraestructura necesaria para impulsar parques solares, eólicos, sistemas de almacenamiento y nuevas redes eléctricas.
“¿De dónde vamos a sacar esos recursos si hoy el país prácticamente no dispone del financiamiento suficiente?”, cuestionó.
Por ello, sostuvo que la única alternativa viable consiste en atraer inversión privada nacional e internacional mediante reglas claras y mecanismos que reduzcan el riesgo para los inversionistas.
Asimismo, planteó aprovechar instrumentos internacionales como la banca verde, financiamientos verdes, fondos climáticos y otras líneas de financiamiento preferencial destinadas a proyectos de transición y diversificación energética, capaces de aportar no solo recursos financieros sino también tecnología y experiencia.
EMERGENCIA ENERGÉTICA Y AGOTAMIENTO DEL GAS
El debate sobre la nueva Ley de Electricidad estuvo estrechamente vinculado con la discusión sobre la futura Ley de Hidrocarburos, considerada otro de los pilares para recuperar las inversiones en el sector energético.
Siles advirtió que Bolivia enfrenta una situación crítica debido a la disminución de las reservas de gas natural y estimó que el país podría enfrentar mayores restricciones de producción en un plazo aproximado de uno a un año y medio si no se adoptan medidas urgentes.
A su turno, el ingeniero petrolero José Luis Rivero coincidió en que la principal limitante del sector no es la capacidad técnica, sino la ausencia de inversiones.
“Tenemos campos, tenemos profesionales preparados, pero no tenemos inversión. Si no aceleramos las decisiones, el próximo año la situación será mucho más complicada”, afirmó.
Rivero cuestionó además el desempeño de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en materia exploratoria, señalando que durante los últimos años no logró incorporar nuevas reservas comerciales ni establecer mecanismos contractuales que obligaran a las empresas operadoras a reponer los recursos extraídos.
REFORMAS ESTRUCTURALES Y MEDIDAS INMEDIATAS
Los especialistas coincidieron en que una reforma integral de la Ley de Hidrocarburos requerirá modificaciones parciales a la Constitución Política del Estado, proceso que implicaría un amplio debate político y social.
Sin embargo, consideran que la crisis energética obliga a avanzar simultáneamente en soluciones de corto plazo.
Entre ellas propusieron la aprobación de una ley corta o un decreto específico que facilite inversiones inmediatas en campos maduros y residuales, con el propósito de incrementar temporalmente la producción de gas y líquidos mientras se discuten las reformas estructurales./p>
Siles advirtió que una modificación constitucional enfrenta importantes resistencias políticas, por lo que recomendó desarrollar ambos procesos de manera paralela: impulsar medidas urgentes para sostener la producción y, al mismo tiempo, construir un nuevo marco legal para el sector.
REDUCIR LA DEPENDENCIA DEL GAS
Rivero recordó que aproximadamente el 65% de la electricidad que consume Bolivia proviene actualmente de centrales termoeléctricas alimentadas con gas natural, por lo que la expansión de las energías renovables debe avanzar de manera coordinada con una estrategia para recuperar la producción gasífera.
Como referencia internacional mencionó el caso de España, donde la normativa incentiva una mayor incorporación de energía solar en nuevas edificaciones, reflejando la tendencia mundial hacia matrices energéticas más diversificadas.
No obstante, advirtió que la transición energética debe acelerarse debido a la cercanía de una crisis de abastecimiento.
LA DECISIÓN ES POLÍTICA
Más allá de las propuestas técnicas, ambos especialistas coincidieron en que el éxito de las reformas dependerá de la voluntad política para crear un entorno favorable a la inversión privada.
“Las visiones las ponemos los técnicos; la voluntad la ponen los políticos”, resumió Siles.
El experto considera que, a diferencia del sector hidrocarburos, la nueva Ley de Electricidad puede avanzar sin reformas constitucionales profundas, siempre que establezca condiciones estables para atraer inversionistas nacionales e internacionales.
Finalmente, advirtió que, si Bolivia no logra captar grandes capitales, la transición energética continuará limitada a proyectos de pequeña escala.
“Podemos terminar desarrollando plantas de 15 o 20 megavatios, cuando el país debería estar planificando proyectos de 200, 300 o incluso 500 megavatios, acompañados de grandes sistemas de almacenamiento que garanticen un suministro eléctrico seguro, estable y competitivo”, concluyó.