¿Por qué necesitamos la ley de competencia?

Las normas de defensa de la competencia están destinadas a controlar los comportamientos de los agentes económicos y las estructuras de mercado que atenten contra la libre competencia, buscando el equilibrio en el mercado y la actuación de dichos agentes.

Bolivia es de los pocos países en la región que no cuenta con una Ley de Competencia que regule las prácticas de los agentes económicos y sancione las conductas restrictivas a la libre competencia. Si bien es cierto que existen normas de defensa de la competencia, pero las mismas están dispersas; resultan insuficientes.

Tratándose de los sectores regulados de los servicios públicos y financieros existen ciertas normas de defensa de la competencia. Es así que la Ley Sirese (1994) establece ciertas disposiciones antimonopólicas para los sectores de servicios públicos. En los sectores no regulados (principalmente industria y comercio) esta el Decreto Supremo 29519 de abril de 2008 que introduce las conductas anticompetitivas absolutas y relativas, cuya aplicación está cargo de la Autoridad de Fiscalización de Empresas.

A nuestro juicio, estos dos regímenes de la competencia, uno para los sectores regulados, y otro para los no regulados, además de ser ineficientes, son también insuficientes para regular el comportamiento anticompetitivo de los agentes económicos y el mercado.

Frente a este escenario, la pregunta que nos hacemos es si una Ley de Competencia en Bolivia podría tener efectos positivos. En tal sentido, entendemos que existirían beneficios para todos los actores involucrados ya que establecerían reglas claras para la regulación de las conductas restrictivas a la libre competencia.

Para los consumidores implicaría mayor acceso a productos y servicios al eliminarse las eventuales prácticas restrictivas o abusivas, permitiendo el ingreso de nuevos productos o servicios a precios competitivos.

En el caso de los que son competidores se verían beneficiados con la eliminación de barreras artificiales de entrada que conlleva a que la estructura empresarial se concentre en pocos proveedores. Inclusive para la inversión de empresas nacionales y extranjeras que no están dispuestas a entrar a un mercado en el cual existan distorsiones y una reducida legislación destinada a evitar o proteger estas restricciones.

Si bien existen temas apremiantes en Bolivia, esto no significa que se excluya la necesidad de una Ley de Competencia. Por el contrario, los costos de no contar con una son altos, en la medida que existen menos oportunidades para el consumidor, así como restricciones de acceso de otras empresas e inversiones en el mercado.