Subsidios que nos conducen al abismo: La crisis eléctrica que Bolivia debe enfrentar ahora
El sector eléctrico boliviano enfrenta una encrucijada crítica: mantener la ilusión de un subsidio que garantiza el colapso energético en 2028, o implementar medidas inevitables y urgentes como la elevación de las tarifas de electricidad. El mandato del nuevo Gobierno es inaplazable: se debe actuar inmediatamente para incorporar más generación renovable al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y retrasar el momento de la importación de gas.
Los proyectos de generación renovable de ENDE en ejecución son insuficientes para reducir el requerimiento de gas en los siguientes años y no garantizan que cubran el crecimiento de la demanda. El tiempo de ejecución de proyectos rápidos en electricidad es de 2 años sin tomar en cuenta la parte burocrática. Hay dos caminos: la nivelación del precio interno del gas o la importación, ambos se traducen en un incremento del precio del Kilovatio/Hora.
Históricamente, este sector ha sido dominado por una visión eminentemente técnica y económica, lo que ha generado una excelencia operativa en ciertos aspectos, pero ha dejado un vacío estructural en el análisis político, social y comunicacional de las decisiones energéticas. La escasez de profesionales con una visión no técnica en el sector resulta en una comprensión limitada de las profundas repercusiones sociales de las políticas de precios, un déficit que hoy amenaza con colapsar la sostenibilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
La tesis central de la urgencia se basa en una verdad incómoda: la subvención del gas natural, el pilar de la matriz energética nacional, se ha convertido en la principal distorsión del mercado eléctrico, impidiendo la inversión privada y acelerando la crisis fiscal del Estado. Actualmente, el precio del gas para generación es artificialmente bajo. Esta política, concebida para la estabilidad, ha generado una falsa sensación de seguridad, sacrificando la sostenibilidad futura.
El contexto temporal es ineludible, el horizonte proyectado es el 2028 donde la producción nacional de gas no será suficiente para cubrir el consumo interno, obligando a Bolivia a recurrir a la importación de este combustible a precios internacionales. La urgencia radica en soluciones estructurales que la miopía del socialismo no supo dar, tanto para la exploración de hidrocarburos como para la implementación de grandes proyectos renovables, ambos requieren plazos extensos. La inacción política y la incapacidad para comunicar medidas preventivas ahora garantizan un desastre en el corto plazo.
Esta declinación se agrava porque el sector eléctrico es un consumidor clave, absorbiendo aproximadamente la mitad del gas natural destinado al mercado interno. El problema es que este gas se destina a generación termoeléctrica a un precio irrisorio y que la matriz energética boliviana refleja una distorsión, pues el 66% de la generación proviene de termoeléctricas. Esta dependencia estructural no solo es ambientalmente costosa, sino económicamente inviable sin el subsidio estatal.
El bajo precio de la electricidad generada con gas subsidiado impide la viabilidad económica de la inversión privada en generación renovable. Actualmente, el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) ofrece a los generadores una remuneración por energía muy baja. Para que la inversión privada se interese en el sector, el precio de generación debería ser el del mercado internacional.
A esto se suma la rigidez del mercado: el 87% de la generación se concentra en manos de ENDE Corporación, con inversiones financiadas por el Banco Central de Bolivia. Esta prolongada intervención estatal y la fijación artificial de precios han creado un mercado distorsionado con baja rentabilidad y nulos incentivos para nuevas inversiones del sector privado.
Si la producción nacional no es suficiente, Bolivia deberá importar gas a precios internacionales, un escenario que no solo implica un costo superior al que el país está acostumbrado, sino también un alto riesgo de suministro. En períodos de alta demanda (invierno o verano) en países vecinos como Argentina, la importación necesaria podría no estar garantizada.
Como se ven los datos, a partir de 2028 la producción nacional de gas no será suficiente para cubrir el consumo interno y se requerirá importarlo. El gas importado tendrá un precio muy superior al que estamos acostumbrados y su impacto en las tarifas al consumidor final será significativo. Por ejemplo, si el precio del gas importado fuera 7USD/mpc, la tarifa de electricidad sufriría un incremento de aproximadamente 80%.
El mandato estratégico, por lo tanto, es comunicar que la transición controlada es el "mal menor" necesario para evitar el colapso del 80%. Esta elección de política dual se basa en la necesidad de liberar gas para la nación (medida de seguridad fiscal) y asegurar la inversión en renovables (medida de sostenibilidad futura). Es fundamental notar que las proyecciones actuales de consumo eléctrico ni siquiera toman en cuenta la entrada inminente de vehículos eléctricos, cuyo consumo adicional agravará la demanda cuando el diésel y la gasolina suban de precio.
Para asegurar la transición energética, se requiere una combinación de ajustes en el costo de la generación térmica y la creación de un mecanismo de mercado para las energías limpias. La nivelación del precio interno del gas natural es la medida estructural más urgente. La propuesta económica más viable políticamente es incrementar el precio del gas natural para generación eléctrica. Este valor equivale al 50% del valor de exportación y actúa como un primer paso para viabilizar la competencia.
Aunque este ajuste representa un incremento del 155% en el costo del combustible (de 1,30 a 3,32 USD/mpc), su impacto en la tarifa eléctrica al consumidor final sería de solo 25%. Este porcentaje es significativamente más manejable que el 80% que compromete la importación de gas.
Desde una perspectiva macroeconómica, el impacto es controlado: dado que la electricidad representa solo el 2.38% en la canasta básica, el aumento del 25% en la tarifa se traduciría en un impacto inflacionario moderado, de aproximadamente 0.6%. Esta corrección permite liberar gas que actualmente se consume internamente, potencialmente para exportación, reduciendo el déficit fiscal y estimulando inversiones sostenibles.
Para no depender exclusivamente del ajuste de tarifas por el costo del gas, es crucial establecer un mecanismo que atraiga capital privado en energías renovables sin generar un incremento tarifario inmediato por este concepto. La solución pasa por la implementación inmediata de un sistema de Subastas de Suministro de Energía Renovable de Largo Plazo, propuesta que ha sido varias veces reiterada por el ingeniero Sergio Arnez y que fue desestimada por esa miopía socialista que dejó al país en la situación desastrosa actual.
Arnez ha explicado varias veces que este mecanismo contractual aseguraría a los inversores la compra de su producto, permitiendo que el incremento tarifario se produzca de forma controlada y diferida, únicamente cuando los proyectos entren en operación, lo cual suele ocurrir uno o dos años después de la firma de contratos. Pero esto fue como el vigía que gritó ‘iceberg’ mientras la orquesta seguía tocando.
Bolivia cuenta con una hoja de ruta de proyectos renovables planificados hasta 2030, que incluye un total de 1,094MW en construcción y programación de mediano plazo (solar, eólica, hidroeléctrica) y 834MW adicionales en expansión. La validación y ejecución de estos 1,928MW son fundamentales para alcanzar una generación renovable de alrededor del 65% del SIN al 2030, retrasando el momento crítico de importación de gas en el momento justo de la conclusión de la gestión del actual Gobierno.
La implementación de cualquier ajuste tarifario, por más justificado que esté, conlleva un alto riesgo de protesta social. La historia boliviana, marcada por eventos como la Guerra del Agua, demuestra que los incrementos en servicios básicos pueden ser detonantes de conflictos masivos, incluso si los montos iniciales son bajos.
El riesgo político actual se ve exacerbado por el contexto económico. Recientes protestas de choferes, microempresarios y otros en El Alto y Santa Cruz, motivadas por el alza de los costos de alimentos, insumos, repuestos y combustible, son las primeras reacciones en este nuevo Gobierno con una población bajo una presión inflacionaria considerable. Cualquier anuncio de subida de tarifas eléctricas se sumará a esta molestia, y los movimientos sociales que ya no gozan de ese “trato preferencial” a los que estuvieron acostumbrados por el anterior régimen deberán ser atendidos bajo estrategias profesionales de relacionamiento institucional y comunicación corporativa.
Esta compleja labor recaerá, en gran medida, sobre las distribuidoras, que, en una buena parte están contaminadas por la política y las malas prácticas, es muy probable que no estén preparadas para enfrentar el reto con la debida estrategia y planificación profesional. Por varios años, la comunicación en las empresas distribuidoras dependientes del Estado ha sido tratada más como un instrumento de propaganda que como una disciplina estratégica. Este manejo intuitivo, improvisado y subordinado a intereses políticos inmediatos no solo detuvo el desarrollo profesional del área, lo hizo retroceder. Hoy el desafío no es simplemente “ponerse al día”, sino reconstruir desde los cimientos una cultura comunicacional que ha perdido rigor, credibilidad y visión de futuro.
Para asegurar una transición justa y manejar la crisis social, la medida económica debe ser inseparable de un robusto escudo social. El modelo anterior de "Tarifa Social" ya enfrentó problemas de subsidio cruzado, afectando a categorías como la industrial y la general. La corrección actual debe ser estructural y focalizada.
La clave para el blindaje social es que el ajuste del 25% en la tarifa debe ser comunicado y ejecutado de la mano de la garantía de una “Tarifa Dignidad adaptada”. La comunicación debe aislar a los grupos más vulnerables del shock tarifario y anticiparse a una oposición política que utilice la narrativa del "golpe a la economía popular".
La decisión de política energética más difícil de Bolivia no es técnica ni económica, es comunicacional. La Estrategia de Comunicación para la Prevención de Crisis debe posicionar el ajuste tarifario no como una decisión ideológica, sino como un imperativo de seguridad nacional y el "mal menor" responsable para la supervivencia del sistema.
El gobierno debe ser proactivo, estableciendo el tono y reconociendo que la medida es dolorosa, pero que es la única opción responsable para evitar un desastre energético mayor a partir de 2028. La implementación de la política debe ser validada por expertos técnicos y profesionales, reforzando el mensaje de que la meritocracia e institucionalización del sector están a cargo. La narrativa debe ser coherente con lo difundido hasta ahora a nivel gubernamental identificando al claro responsable de esta lamentable situación que es la administración socialista ineficiente. Si no actuamos en un plazo de dos años veremos el fondo oscuro de esta cloaca.
Gabriel Navia Quiroga es comuniccadorcorporativo especialista en el sector eléctrico.